Procedimiento asociado a los pagos de la deuda consolidada:Ley 27133 y su orientación a la gestión por resultados

Abstract

En agosto de 1989 se sancionó la Ley Nro. 23.696 que facilitó la intervención y privatización de una serie de empresas privadas, sentando un nuevo modelo de estado neoliberal, con fundamento en la emergencia declarada de la Administración Pública Nacional (Lovelli, 2015) Más allá de las apreciaciones personales que cada uno posea al respecto, la norma no cumplió con los fines deseados, derivando contrariamente en el cese de actividad de empresas emblema del país. La empresa petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue una de las empresas alcanzadas por la Ley de reforma del Estado, y habiendo trascurrido ya más de 34 años desde su privatización, los efectos negativos de esta decisión política continúan a la fecha (Valenzuela, 2017). La norma preveía un Programa de Propiedad Participada, partiendo de la idea de que las empresas estatales debían modificar su personería jurídica para poder ser privatizadas. Por ejemplo, YPF funcionaba como una Sociedad del Estado y debió mutar a una Sociedad Anónima. De este modo cada participante participa de manera individual de la propiedad del bien que se privatiza. En este esquema, los trabajadores pueden acceder como dueños individuales empero no en su rol de trabajador, sino como propietarios (Lovelli, 2015) En diciembre de 1990, mediante el Decreto Nro. 2778/90, se transforma YPF en una sociedad anónima, transfiriendo la totalidad de sus acciones al Ministerio de Economía, designado como autoridad de aplicación y las acciones de clase 'C' distribuidas entre los trabajadores. En julio de 1993 las acciones de YPF comienzan a cotizar en bolsa. Paralelo a ello, la privatización de YPF generó otra consecuencia que no fiie tenida en miras: la reducción dramática del número de empleados. Así, en 1989 contaba con un total aproximado de 37.000 agentes, mientras que 3 años más tarde solo quedaban 8.000 dependientes. En los años trascurridos se vivenció una época de despidos y retiros voluntarios, con el supuesto fin de entrega a el Estado de una empresa con bajos costos laborales (Lovelli, 2015).