Optimización del circuito de pago de sentencias condenatorias contra el Estado Provincial

Abstract

El procedimiento de pago de sentencias de condena contra el Estado se encuentra especialmente regulado en el derecho público provincial, a fin de evitar que los fondos presupuestados y afectados a determinados fines puedan verse afectados intempestivamente por un acreedor en virtud de una sentencia firme de condena. En tal sentido, si bien se concede al Estado la posibilidad de posponer el pago de una deuda reconocida mediante sentencia firme hasta que se encuentre incorporada al presupuesto del periodo siguiente, se pierde esa prerrogativa en caso de incumplimiento de los procedimientos legales y el erario público podría quedar al margen de la ley que establece la inembargabilidad de los fondos públicos. Lo que se propone con el presente trabajo es detectar en qué sectores se produce la paralización de los procedimientos de pago y cuáles son los datos que debe contener el instrumento con el cual se inicia el circuito para que el trámite comience y culmine dentro de los plazos fijados por la normativa aplicable y efectuar propuestas para superar las falencias. El tipo de estudio previsto para desarrollar el presente trabajo es exploratorio descriptivo, a ser concretado a través de entrevistas y del análisis de expedientes y del estudio de casos de los trámites de pago de sentencias en el ámbito provincial El tipo de diseño que se utiliza es retrospectivo porque a través del análisis de expedientes que ya se encuentran culminados, se intentan detectar las debilidades en el procedimiento de pago de sentencias. Los datos para la hipótesis de trabajo son recabados en Fiscalía de Estado y de los expedientes en que tramitaron los pagos en el período 2018-2022. Del análisis realizado, se ha detectado que el retraso en la mayoría de los casos obedece a una falta de control y seguimiento de la solicitud de pago; en virtud de ello se propone por un lado implementar actividades de capacitación para los sectores y agentes involucrados y establecer un sistema de control y seguimiento en el circuito de pago para su cumplimiento dentro de los plazos establecido en ley, asignando las funciones a una oficina especialmente creada al efecto o ya existente; y por otro lado, se propone la reglamentación de la ley 3109, incorporando requisitos que tiendan a agilizar el circuito de pago, evitando que los tramites se extravíen y/o paralicen.