Comparativa del gobierno corporativo en Argentina con respecto al contexto internacional

Abstract

La estructura de gobierno corporativo (GC), así como las buenas prácticas de gestión son acciones que permiten, que las propias organizaciones comprendan el papel que desempeñan y actuar de manera consecuente con lo que espera la sociedad y los grupos de interés. Un eficiente GC contribuye al desarrollo de los mercados de capitales, dado que modera y mitiga las posibles fallas de mercado y simplifica el acceso a las fuentes de financiamiento. Este trabajo está estructurado exponiendo un marco conceptual, los antecedentes y un análisis comparativo de los principales contenidos de las normativas de los Gobiernos Corporativos Societarios que han estado vigentes en la Argentina. A su vez, las normativas actuales de gobierno corporativo y cómo están siendo aplicadas en distintas empresas, primeramente, en Argentina y luego, en determinados países seleccionados y, por otro lado, analizar la Resolución CNV 797/19 en los últimos años, para conocer si han mejorado la calidad de la información para los grupos de interés. Finalmente, se detallan las conclusiones sobre la modificación implementada por medio de la Resolución CNV Nº 797/19, específicamente en referencia al rol del directorio y cuáles han sido sus avances en relación con la predecesora, la CNV 606/12. Hace ya algunos años que en el ámbito corporativo existe una confrontación entre pensar a las buenas prácticas de gobierno como una obligatoriedad, sea legal o por intereses financieros u otros, en contraposición de la adopción de las mismas como una forma de comportamiento que previene daños a terceros y a la sociedad en general. El gobierno corporativo se trata de normas que imponen un nivel de conducta o diligencia justamente requerida a la empresa en la gestión de los riesgos, de los impactos negativos en los derechos humanos, al medio ambiente y al ecosistema debido a su actividad. En otras palabras, se les exige a las empresas que se comprometan y respeten los derechos humanos, cuestiones ambientales (como el cambio climático) y la preservación de los recursos naturales bajo 'el principio general de no causar daño'; a su vez que reconozcan los derechos de todos a ocupar cargos de responsabilidad basados en merecimiento y también que informen sobre sus actividades a todos los interesados para evitar fraudes y otras prácticas maliciosas.