La Dirección Provincial de Responsabilidad Fiscal en la Provincia de Santa Cruz

Abstract

La provincia de Santa Cruz se encuentra adherida a la ley N° 25.917 de Responsabilidad Fiscal por ley N° 2.733/2004, y a su modificatoria, ley N° 27.428 de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, por ley N° 3.587/2018. Sin embargo, no fue hasta mediados de 2021 que la provincia sanciono su ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Publico Provincial por ley N° 3.755, modificada y reglamentada en 2022 por ley N° 3.810 y decreto reglamentario N° 1.678 y entrada en vigencia a partir del 1 de enero de 2023. Previo a esto, para dar cumplimiento a los requerimientos de la ley de Responsabilidad Fiscal, y ante la falta de un marco normativo acorde, la provincia de Santa Cruz crea en el año 2010 la Dirección Provincial de Responsabilidad Fiscal, dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda y Crédito Público. La sanción por parte de la Provincia de Santa Cruz, de la ley N° 3.755 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Publico Provincial, y su modificatoria, ley N° 3.810, nos obliga a replantearnos el papel que la Dirección Provincial de Responsabilidad Fiscal debería cumplir bajo este nuevo marco normativo. El objetivo del presente trabajo es, en primer lugar, proponer un nuevo esquema de trabajo para la Dirección Provincial de Responsabilidad Fiscal, más acorde a las misiones y funciones para las que fue creada y, en segundo lugar, tratar de determinar bajo el nuevo esquema de la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Publico Provincial, las distintas competencias en cuanto a la producción de la información fiscal. En este sentido, resulta necesario, que las distintas jurisdicciones y entidades sean capaces no solo de captar y registrar los datos, sino también de analizarlos y producir su propia información fiscal. En este contexto, la Dirección Provincial de Responsabilidad Fiscal, cumpliría un rol de asistencia técnica y asesoramiento a los jurisdicciones y entidades con el fin de que puedan cumplimentar con este objetivo.