Fondos de afectación específica : hacia un tratamiento eficaz y eficiente. Municipalidad de Ushuaia

Abstract

El sistema de Tesorería está compuesto por el conjunto de órganos, normas y procedimientos que intervienen en la recaudación de los ingresos y en los pagos que configuran el flujo de fondos del sector público, así como también la custodia de las disponibilidades que se generen. La Dirección de Tesorería es el órgano rector de este Sistema y es el competente para la elaboración, en conjunto con la Dirección de Presupuesto, de la programación de la ejecución del presupuesto de la administración municipal y programar el flujo de movimientos de fondos; elaborar el presupuesto de caja del sector público y realizar el seguimiento y evaluación de su ejecución, como así también, asesorar sobre las inversiones temporarias de fondos en Instituciones Financieras, entre otras funciones. En el presente trabajo buscamos demostrar que fortalecer la capacitación en materia de programación financiera, permitirá lograr un manejo eficiente y eficaz de los recursos públicos específicos, minimizando así el impacto de la pérdida del poder adquisitivo de dichos fondos hasta el momento de su utilización, en el contexto inflacionario actual en el que nos encontramos. Para ello, es necesario acompañar dicho curso de acción, con la implementación de una modernización del Sistema de Tesorería en el ámbito municipal, desde el punto de vista pragmático y no sólo desde la esfera normativa, lo que deberá complementarse con un sistema de información adaptado a las necesidades actuales, y de una proactiva interrelación con los órganos rectores de los restantes Sistemas de Administración Financiera, como así también, con los responsables de las áreas ejecutoras involucradas. Todo ello, en el marco de la normativa vigente y de los principios de modernización de la Administración Financiera, dejando de lado la concepción de una Tesorería únicamente como 'Caja Pagadora', sino concibiéndola como una Tesorería desde una perspectiva gerencial. Cuando nos presentamos ante una administración ineficiente e ineficaz para la gestión de los recursos públicos, nos conducimos a un costo social que debemos pagar todos, en detrimento del máximo fin del Estado: el bien común de la sociedad.